La Argentina es uno de los países que mayor tasa de deforestación mostró en los últimos tiempos. Fue tan acelerado el proceso, que en el siglo pasado el país perdió el 70 por ciento de sus bosques nativos: las zonas más afectadas fueron las provincias del Noroeste, los bosques chaqueños y la Selva de Yungas (en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca)
• Pasó de 100 millones de hectáreas a 31 millones en la actualidad. Las provincias del noroeste y los bosques chaqueños, las zonas más afectadas
• El avance de la frontera agropecuaria y el crecimiento urbano hicieron que Argentina sea uno de los países con mayor tasa de deforestación en los últimos años
• La Ley de Bosques fue reglamentada en 2009: ¿cómo avanza su implementación en las provincias?
• Cuáles son las estrategias que se proponen para frenar la destrucción de las áreas boscosas
• El papel del sector privado: Banco Galicia financiará proyectos relacionados con la conservación de bosques como ecosistemas.
• El rol del periodismo: las dificultades para incluir en las agendas mediáticas los temas ambientales, fuentes y recursos
La Argentina es uno de los países que mayor tasa de deforestación mostró en los últimos tiempos. Fue tan acelerado el proceso, que en el siglo pasado el país perdió el 70 por ciento de sus bosques nativos: las zonas más afectadas fueron las provincias del Noroeste, los bosques chaqueños y la Selva de Yungas (en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca)
Y las consecuencias son más extendidas de lo que parece: con el bosque también desaparecen animales, plantas y muchas personas se ven obligadas a trasladarse a zonas marginales en las ciudades.
Según Alejandro Brown director de ProYungas “la Argentina tuvo a principios del siglo pasado unos 100 millones de hectáreas de bosques nativos”. Actualmente, el país presenta una superficie aproximada de 31 millones de hectáreas de bosques nativos distribuidos mayormente entre unas 6 ecoregiones: Bosques Patagónicos, Chaco Seco, Chaco Húmedo, Selva Paranaense, Yungas y Espinal, de características ecológicas, productivas y sociales muy disímiles.
Este proceso de destrucción y degradación ocurrió sin controles de ningún tipo y recién en 2009, con la reglamentación de la Ley de Bosques sancionada dos años antes, las jurisdicciones provinciales fueron obligadas a elaborar planes para transformar y proteger las áreas de bosques nativos.
La importancia de lo que hagan de ahora en más no es menor: los bosques captan y almacenan agua, estabilizan los suelos, albergan la biodiversidad y hacen una importante contribución a la regulación del clima y de los gases de efecto invernadero.
Los peligros del avance de la frontera agropecuaria y el crecimiento urbano
De acuerdo a la Fundación Vida Silvestre, Argentina es uno de los países que ha mostrado “una mayor tasa de deforestación en los últimos años”. La organización explica que esta situación “está impulsada por el avance no planificado de la frontera agropecuaria y/o el crecimiento urbano”. Y agrega que, si bien existen procesos de deforestación de variadas características, el aumento de superficies cultivadas para la soja en Santiago del Estero y Córdoba, y la ganadería en Salta y Chaco, son algunas de las realidades más notables.
A esta situación hay que sumarle la degradación paulatina que padecen los bosques, ya que se extraen los mejores ejemplares hasta su agotamiento: “Ya sea para extraer madera, tanino, durmientes de ferrocarriles, postes de alambrados o carbón; la explotación forestal de los bosques nativos tuvo históricamente, y tiene hasta nuestros días características mineras”, aportan desde Vida Silvestre.
Para detener esta degradación y concientizar a los gobiernos sobre su responsabilidad, Naciones Unidas instituyó el 2011 como año de los Bosques. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, destacó que los bosques son una fuente de beneficios económicos, sociales y ecológicos y advirtió que, no obstante, pese a todos esos beneficios, los bosques, siguen desapareciendo a un ritmo alarmante.
El organismo internacional también reconoce que los bosques y su ordenación pueden contribuir significativamente al desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, subrayando la necesidad de que haya una ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, incluidos los ecosistemas forestales frágiles.
También ONU alienta a que los esfuerzos concertados deberían dedicarse a crear más conciencia en todos los niveles para fortalecer la conservación y el uso sustentable de todos los tipos de bosques en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
¿Qué hacer?: estrategias para detener la destrucción en nuestro país
Vida Silvestre propone cuatro estrategias básicas para hacer frente a la destrucción y degradación de los bosques: la implementación de la Ley de Bosques en la Selva Misionera y en los Bosques Chaqueños; una Red de Comercio Forestal Argentina, iniciativa que apoya la comercialización de productos forestales responsables; la utilización de certificación FSC que garantiza a los consumidores que los productos provienen de bosques manejados para satisfacer las necesidades sociales, económicas y ecológicas de las generaciones actuales y futuras, y la recuperación de los bosques nativos.
Por su parte, Banco Galicia lanza la segunda edición del Fondo para la Conservación Ambiental (FOCA 2011), mediante la que convoca a investigadores y Organizaciones de la Sociedad Civil de todo el país a presentar sus proyectos de investigación o gestión relacionados con la conservación de bosques como ecosistemas. Esto incluye, entre otros, conservación de ambientes acuáticos continentales, manejo de bosques, apoyo a la conservación en áreas naturales protegidas, y control y erradicación de especies exóticas invasoras. Se financiarán cinco proyectos ganadores, que serán seleccionados por un jurado de especialistas.
Esta iniciativa, alienta la investigación de temas que son transversales, que engloban la realidad de los bosques en nuestro país.
Brown, de ProYungas, coincide con esta mirada integral, porque cree que la sociedad argentina “no es boscosa”. ¿A qué se refiere?
A dos realidades extremas que se dan el país: en el Norte, el bosque es sinónimo “de peligro, de lugar inhóspito por las plantas y animales que viven allí”, relata el especialista. En tanto en el Sur “no se tocan, son parte del paisaje, están para disfrutarlos”. Es decir: el bosque “no se ve como un área que genera recursos para las sociedades”, reflexiona.
Por eso, habla de que el dilema para el futuro es generar recursos: servicios, en donde el agua sea central, ya que, sobre todo en el Noroeste del país, los bosques juegan un rol de regulación hídrica para riego y consumo. “Hay 5 millones de hectáreas de yungas, 500 mil para riego, en un área donde 2 millones de personas dependen del agua”, grafica Brown.
En cuanto a bienes, en el Norte los bosques proveen de maderas de buena calidad y abundan las plantaciones para generar pasta celulosa para papel.
En cuanto a las Áreas Protegidas, el dirigente de ProYungas considera que hay que fortalecerlas en el Norte, y que es importante tener en cuenta que Argentina tiene bajo protección “sólo el 7% de su territorio. De este porcentaje, el 20 por ciento está a cargo del Estado Argentino en Parques Nacionales, pero el 80 por ciento restante, son jurisdicciones provinciales, o sea, que las provincias protegen un enorme cantidad, por eso hay que fortalecerlas en cuanto a protección de áreas”.
A modo de ejemplo, señala que las Facultades de Ingeniería Forestal –como la de Esquel en Chubut o la de El Dorado en Misiones- “forman profesionales orientados a plantaciones forestales, no hay una tendencia hacía la profesionalización en cuanto a manejo de bosques”.
Lo que cambia a partir de la Ley de Bosques
La ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, se reglamentó en 2009, si bien la iniciativa fue aprobada por el Congreso Nacional en 2007.
Esta ley obliga a las jurisdicciones provinciales a realizar Planes de Ordenamiento Territorial de sus respectivas superficies de bosques nativos con el objeto de determinar qué áreas pueden ser transformadas (verdes), protegidas (rojo) o manejadas forestalmente (amarillo). “Es decir que por primera vez la Argentina conceptualmente acepta que dispone de una importante superficie del país que será destinada a la obtención de recursos productivos, pero sin que el bosque pierda su condición de tal”, afirma Alejandro Brown.
Sobre el manejo de bosques, el dirigente, cree que a partir de la aprobación de la ley, y “a pesar de las dificultades para su implementación”, se toma conciencia “de que tenemos 300 millones de hectáreas de bosques, la misma superficie que para realizar tareas agrícolas y ganaderas. Por eso el desafío para adelante, es cómo usar los bosques de manera sustentable.
Diego Moreno, director general de Vida Silvestre también es optimista: “Por fin estamos trabajando en el un ordenamiento del territorio”.
La ley también supone la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, y establece que Nación destinará 1.300 millones (el monto no es fijo, se calcula cada año en base a un porcentaje del presupuesto, más el 2% de las exportaciones agropecuarias), pero tanto en el presupuesto 2010, como en el 2011 se establecieron 300 millones. El dinero fue girado a los Estados provinciales, con resultados disímiles.
Para Brown, este dinero es “un recurso extra para las provincias sureñas sin actividad humana rentable en áreas boscosas, muy distinto que para las del Norte que compiten con otros usos de la tierra, por ejemplo, la plantación de soja. Por eso, cada provincia aplica el Ordenamiento según las distintas realidades, con capacidades técnicas limitadas”.
Gran parte del Fondo, se destina a compensar a los titulares de tierras por los servicios ambientales que brindan los bosques (conservación de la biodiversidad y del suelo, regulación hídrica y otros).
“Este mecanismo de compensación por servicios ambientales, además de ser el primer antecedente de este tipo en la legislación argentina, se enmarca en la concepción de que el ordenamiento territorial por sí solo pierde sentido si no está acompañado de políticas activas que apoyen y promuevan el uso sustentable del bosque nativo”, destaca Vida Silvestre.
Carina Quispe Merovich de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), recuerda que fue una Coalición de Ongs la que impulsó la legislación, y ahora ha realizado diversos pedidos para que se destinen los fondos reales para los bosques. Al ser consultada si recurrirán a instancias judiciales, la especialista considera que “por ahora no, pero las provincias van a comenzar a tener problemas con los empresarios privados, porque si el Estado provincial no les paga la compensación por servicios ambientales, se iniciarán los reclamos en ese sector. Es necesario que el dinero llegue en tiempo y forma a los lugares que corresponden”.
Qué están haciendo las provincias: el impacto del ordenamiento territorial
Son 20 las provincias que han concluido su Ordenamiento Territorial. Cada 5 años, estos procesos serán revisados. En este blog de Greenpeace puede verse el detalle de los procesos en cada jurisdicción.
Para Quispe de FARN, las provincias han realizado procesos de participación muy dispares para aplicar la Ley de Bosques. “Se avanzó con el ordenamiento –dice-pero hay problemas para definir cuáles bosques se van a intervenir, y cuáles no. A esto, hay que sumarle que en Argentina hay postergaciones en la titularización de las tierras, y eso impacta directamente sobre pueblos originarios y comunidades campesinas. Ley de Bosques y titularidad se cruzan todo el tiempo, por eso trabajan mucho en brindar información a esos sectores de la sociedad”.
También destaca la necesidad de “fortalecer institucionalmente las jurisdicciones provinciales” para llevar adelante los pasos estipulados por la legislación. Y cuenta que para realizar el Ordenamiento Territorial que detalla la ley “es fundamental saber cómo se utilizará el dinero girado a las provincias. Es necesario desde una camioneta para recorrer las zonas, pasando por equipos informáticos que posibiliten lecturas satelitales, hasta personal suficiente para evitar los desmontes clandestinos, y acceder a estos recurso técnicos y humanos, a veces se convierte en una odisea dentro de las burocracias estatales”.
Moreno, en tanto, recuerda que la normativa sobre bosques establece que el 70% del dinero que recibe cada Estado provincial debe destinarse a proyecto, y el 30% a fortalecer los cuadros técnicos. Reconoce “la debilidad que implica no tener el personal suficiente y capacitado para implementar los ordenamientos, pero esperamos que el dinero se invierta adecuadamente”.
Para Brown, en Jujuy la experiencia de ordenamiento “fue buena y acotada, con avances hacia la sustentabilidad”. En Salta “estuvo empañada por denuncias sobre supuestos malos manejos de los fondos”.
Diego Moreno, define como “conflictivo” el proceso en esa provincia “que es la que mas desmontes tiene, y el resultado del Ordenamiento no es tan favorable, ya que al Este y Sudeste todas las zonas son verdes (pueden ser transformadas). No hubo una visión regional”.
Vida Silvestre participó en procesos en otras provincias, que Moreno resume de esta manera: “Misiones logró muy buenos resultados, con un 80% de áreas que no pueden desmontarse; Chaco contó con instancias muy participativas, logrando un ‘mapa’ aceptable; Formosa no nos dejó conforme, es muy permisivo; Santiago del Estero ya venía haciendo un ordenamiento territorial así que fue interesante cómo se adaptaron a la legislación nacional”.
Tal como se ve, después de la destrucción que sufrieron los bosques, el desafío no es menor. De lo que se haga en los próximos años para protegerlos, dependerá la calidad de vida de los argentinos en el futuro.
